Republic of the Philippines
SUPREME COURT
Manila
EN BANC
G.R. Nos. L-4053-55 May 28, 1951
LA PAZ ICE PLANT & COLD STORAGE CO., INC., recurrente,
vs.
COMISION DE UTILIDADES PUBLICAS, NATIVIDAD ARIAGA, JUAN SALVADOR, y MARIANO CACHO, recurridos.
D. Roman A. Cruz en representacion de la recurrente.
D. Antonio H. Aspillera en representacion de la recurrente. Comision de Utilidades Publicas.
D. Evaristo R. Sandoval en representacion de la recurrida Natividad Ariaga.
D. Jose Ma. Lopez Vito, Jr. en representacion del recurrido Juan D. Salvador.
Don. B. Francisco en representacion del recurrido Mariano Cacho.
PABLO, J.:
Natividad Ariaga, Juan Salvador y Mariano Cacho presentaroncada uno una solicitud bajo los nums. 46997,48871 y 49378, respectivamente, pidiendo certificado deconveniencia publica para fabrica de hielo en la ciudad de Iloilo y vender su producto en toda la Isla de Panay. Contra estas solicitudes se opusieron La Paz Ice Plant & Cold Storage Co., Inc. y Elpidio Javellana, que son antiguosoperadores en la ciudad de Iloilo, por la razon de que laprimera produce 50 toneladas al dia, y el segundo, 30 oun total de 80 toneladas al dia, cantidad de hielo suficiente, segun ellos, para abastecer la necesidad del publico en dichaciudad.
Despues de considerar las pruebas presentadas por todaslas partes, la Comision de Utilidades Publicas dicto sudecision unanime del 28 de marzo de 1950, concediendo alos solicitantes Natividad Ariaga, Juan Salvador y Mariano Cacho certificados de conveniencia publica, autorizandolesa instalar sus respectivas fabricas de hielo en la ciudad de Iloilo y producir cada uno de ellos 15 toneladas al dia oun total de 45 toneladas para ser vendidas en dicha ciudady en los municipios de la provincia de Iloilo.
En 1.° y 13 de abril de 1950, fueron notificados deesta decision La Paz Ice Plant & Cold Storage Co., Inc. y Elpidio Javellana, respectivamente.
En 12 y 25 de abril, La Paz Ice Plant & Cold Storage Co., Inc. y Elpidio Javellana presentaron sus respectivasmociones de reconsideracion. (Annex D y D-1.)
En 2 de mayo y 3 de junio, 1950, La Paz Ice Plant & Cold Storage Co., Inc. presento ante este Tribunal tresrecursos de certiorari, pidiendo que: (a) la Comision de Utilidades Publicas elevase a este Tribunal los expedientes num. 46997 (solicitud de Natividad Ariaga), num. 48871 (solicitud de Juan Salvador), y num. 49378 (solicitud de Mariano Cacho), con todas las pruebas presentadas, parasu revision; (b) se revocase, despues de la vista del recurso, la decision de dicha Comision del 28 de marzo, 1950; (c) se suspendiese, pendiente la resolucion de su peticion, laefectividad de dicha decision, estando dispuesta a prestarpara dicho fin, fianza por la cantidad que este Tribunal determine; y (d) se le concediese cualquier otro remedioa que tiene derecho. El Tribunal ordeno al Secretariode la Comision de Utilidades Publicas que elevase a esta Superioridad todos los expedientes citados con todas laspruebas orales y documentales.
En 10 de junio la Comision de Utilidades Publicas vio conjuntamente las dos mociones de reconsideracion, presentadaspor La Paz Ice Plant & Cold Storage Co., Inc. y Elpidio Javellana.
El 8 de julio la Comision de Utilidades Publicas dictouna orden, parte de la cual es del tenor siguiente:
One of the oppositors in these cases who filed a motion for reconsideration having filed a petition for review before the Supreme Court, and the Supreme Court having requested the Commission to certify the records of the proceedings, the Commission believes that it is unnecessary to pass on the merits of these motions for reconsideration leaving to the Supreme Court the final say on the questioned decision.
En 14 de julio, 1950, La Paz Ice Plant & Cold Storage Co., Inc., Pidio el sobreseimiento de los tres recursos de revision por medio del siguiente escrito:
Comes now the petitioner in the above-entitled cases, through its undersigned attorney, and respectfully withdraws its appeal filed in these cases, without prejudice, and without costs.
En 17 del mismo mes este Tribunal lo concedio:
En 24 de julio, 1950, Elpidio Javellana pidio que sumocion de reconsideracion fuese resuelta por la Comision de Utilidades Publicas.
En 31 de julio, 1950, dicha Comision dicto su orden, diciendo que la mocion de reconsideracion de Elpidio Javellana ha sido presentada a tiempo y no apelo ante el Tribunal Supremo; pero en vista de que la decision cuyareconsideracion pide, es indivisible y que ya esta firme porla apelacion interpuesta por La Paz Ice Plant & Cold Storage Co., Inc., la Comision de Utilidades Publicas declaroque ya no tiene autoridad para resolver cualquiera cuestionque suscitare cualquiera de las partes, y denego la mocion de reconsideracion. Firman esta orden los Comisionados Honorables Feliciano Ocampo y Gabriel P. Prieto, y esdisidente el Comisionado Hon. Quintin Paredes, Jr.
En 21 de agosto, 1950, Elpidio Javellana presento ante este Tribunal tres recursos de certiorari y mandamus, G. R. nums. L-4047, L-4048 y L-4049, pidiendo que este Tribunal ordene a la Comision de Utilidades Publicas queresuelva su mocion de reconsideracion. Vistas las trescausas, este Tribunal en 21 de diciembre, 1950, resolvioque la remision de dichos expedientes a este Tribunal porla apelacion de La Paz Ice Plant & Cold Storage Co., Inc. no privo a dicha Comision de su jurisdiccion para resolverla mocion de reconsideracion de Elpidio Javellana. Se le ordeno que la resolviese.
En 22 de agosto de 1950, La Paz Ice Plant & Ice Cold Storage Co., Inc. acudio otra vez ante este Tribunal presentando tres recursos de certiorari con mandamus que llevanlos nums. L-4053, L-4054 y L-4055, alegando que la Comision actuo con grave abuso de su discrecion y en excesode su jurisdiccion al dictar su decision del 28 de marzode 1950, por las razones siguientes: (a) que las tres solicitudesno han sido vistas por la Comision en pleno, o porningun comisionado, como dispone el articulo 3 de la Ley No. 146, tal como fue enmendada por la Ley de la Republica No. 178, sino por el Jefe de la Division Legal de la Comision y el Juez Municipal de Iloilo sucesivamente, y que las deposiciones de varios testigos no fueron leidas antela Comision; (b) que la decision que autoriza a tres nuevos fabricantes de hielo para producir 45 toneladas al dia enadicion a las 80 toneladas que producen los antiguos operadores, arruinaria el negocio de estos, en contravencion de la doctrina establecida en San Miguel Brewery contra Lapid, 53 Jur. Fil., 574; (c) que la Comision de Utilidades Publicas retardo indebidamente la vista y resolucion de lasmociones de reconsideracion presentadas por la Paz Ice Plant & Cold Storage Co., Inc. (Exhibitos B y B-1); (d) que los recurridos Ariaga, Salvador y Cacho no han hechoninguna inversion en virtud de la decision impugnada y que la inmediata ejecucion de las provisiones de dicha decision puede causar grandes daños de parte de la recurrentey, porque no tiene otro remedio adecuado y expedito, pideque se ordene la suspension de la ejecucion de dicha decision bajo fianza que esta dispuesta a prestar por la cantidadque el Tribunal determine; que dicha decision de 28 de marzo de 1950 (Annex C) y las resoluciones de julio 8, 1950 (Annex E) y de julio 31, 1950 (Annex E-1) seandeclaradas nulas y de ningun valor, y que se ordene a la Comision que proceda a conocer otra vez de las solicitudesde los recurridos.
Consideraremos por separado las razones apuntadas.
(a) Se ha señalado la vista de las tres causas ante la Comision de Utilidades Publicas, pero a peticion de losabogados de los solicitantes, el Juez Municipal de Iloilo fue comisionado por orden de la Comision en 31 de mayo, 1949, para recibir las declaraciones de todas las partesy de sus testigos, en forma de deposicion, y la recurrenteno se opuso. A peticion de todas las partes, la Comisionen orden posterior (del 17 de junio, 1949) autorizo al Jefede la Division Legal de la Comision, abogado Antonio Aspillera, para recibir las pruebas de las partes y de sustestigos en la ciudad de Iloilo, revocandose la orden del 31 de mayo que autorizaba al Juez Municipal de Iloilo. Antesde terminar la presentacion de pruebas en Iloilo ante eldelegado Aspillera, este, por exigencias de su servicio, volvio a la ciudad de Manila. En 29 de julio de 1949, secontinuo la vista ante la Comision para recibir el restode las pruebas de los solicitantes y, a peticion de los opositores, el Juez Municipal de Iloilo fue comisionado pararecibir las declaraciones de los testigos de los opositoresque residen Iloilo. En todas estas recepciones de pruebas, la recurrente no se opuso ni oral, ni por escrito.
En 12, 14, 15, 18, 19 y 21 de noviembre de 1949, se vieronlas tres solicitudes ante la Comision para la recepcion delas pruebas adicionales. En estas ultimas vistas y antesde someter las partes los asutons para decision, la recurrentenunca suscito la impropiedad de la recepcion de laspruebas y de la presentacion de las deposiciones.
En las mociones de reconsideracion y en la vista de lasmismas ante la Comision en pleno, la recurrente nuncasuscito tales cuestiones; al contrario, apoyandose en elvalor probatorio de las pruebas obrantes en autos — talescomo fueron recibidas por los delegados y sometidas ala Comision — la recurrente reclamaba la revocacion de ladecision. Si la recurrente hubiera obtenido la revocacion, la presentacion de las pruebas no hubiera sido defectuosa; pero, porque fue denegada la mocion de reconsideracion, las impugna hoy alegando que no han sido presentadas debidamente. No creemos que tal actitud sea correcta, ni justa. No se la debe permitir suscitar por primera vezante este Tribunal tales defectos. Declaramos que la recurrenteesta impedida para impugnar el procedimiento empleado en la recepcion de las pruebas obrantes en autos.
(b) Es cuestion de hecho. Reproducimos porciones dela decision dictada por la Comision, pertinentes al caso:
We have made a careful study of the record to determine whether or not public convenience requires the approval of these applications. Applicants' oral evidence to prove the need for the proposed plants consists of the testimony of 19 witnesses. Fortunato Ybiernas, a councilor of Iloilo City, testified that there are six markets in Iloilo City which every day need a regular supply of ice; that fish usually spoils because of lack of ice, and that the two plants now operating are not sufficient for the needs of the public. Jose Nava, a newspaperman, testified that since liberation it was very difficult to buy ice in Iloilo and that ice bought was paid for a high price; also that ice cannot be had in other towns of Iloilo. Eugenio Decolongon testified that he buys fish to send to Manila and needs 600 kilos of ice a day; that he has to reserve ice the day previous and often the ice is not delivered to him. Fortunato Camarista, Mayor of Pototan, testified that the Pototan Ice Plant no longer operates notwithstanding the big demand for ice in Pototan from ice cream parlors, bars, restaurants, hospitals, etc. Clara Uypico testified that she can not get ice for a fishing launch of her and that she needs three or four tons to preserve fish. Nilo Ong Suco testified as to the deficient cold storage room of the La Paz Ice Plant. Alberto Besa declared that he needs as much as 10 tons of ice to ship fish to Manila but on many occasions has not been able to get ice, and that his average need is one ton of ice per ton of fish. Ramon Santa Romana, a fisherman of Culasi, Ajuy, testified that he needs ice to transport his fish to Iloilo but often times his fish spoils because of the difficulty of getting ice. Jose Aldeguer, Secretary of the Provincial Board of Iloilo, testified as to the number of restaurants in Sara and the difficulty of getting a cold drink in any of the stores because of lack of ice, and that in many towns of the Fifth District there are fish ponds the owners of which need ice to transport the fish in trucks to Iloilo. Juan Dalida declared that he was notable to buy ice from the Javellana plant three times, and that he paid as much as P100 per ton of ice when there was ice for sale. Cesar Alvarez testified that a fishing boat needs an average of 4 or 5 tons of ice per trip; that he could not buy ice from the Javellana plant because Javellana himself needs the ice for his fishing boats, and that due to the difficulty of getting ice from oppositors' plant so as to have ice for his fishing boats. Federico Diaz, Mayor of San Joaquin, declared that he had been to the towns of Oton, Tigbauan, Guimbal, San Joaquin, Miagao, Tubungan and Igbaras, comprised within the First District, and was not able to get a cold drink in any of these towns due to lack of ice; that there are stores and restaurants in these towns which have no ice for sale, and that when they need ice, they have to send somebody to Iloilo but often times no ice can be obtained from Iloilo either. Juan P. Fernandez, Manager of the Bacolod Ice in Bacolod, testified that his plant sells ice in Iloilo upon receipt of ice orders for Iloilo residents and exhibited receipts showing ice sales made by the Bacolod Plant to people from Iloilo. Teofilo Salvador testified that he has had to buy ice from Bacolod for use in the fishing boat belonging to him as well as fishing boats belonging to his father because he could not obtain ice in Iloilo. Federico Salvador confirmed the purchases office made from the Bacolod plant for fishing boats of the Salvador family and also stated that they had to buy ice in Bacolod because of the difficulty of buying ice in Iloilo. Roberto Garcia testified as to the studies and investigations made by him of the amount ofice needed by the province of Iloilo, and as to the number of trawls and fishing boats operating in Iloilo and the quantity of ice needed by these fishing boats. Juan D. Salvador, one of the applicants, testified that after encountering difficulties in getting ice in Iloilo for his fishing boats, he decided to build an ice plant for his private use and that every day many people go to his plant desiring to buy ice, which he, however, can not sell to them because of lack of authority to do so, and that a fishing boat on an average needs four tons of ice per trip. Mariano Cacho declared that the amount ofice produced in Iloilo now in relation to the population of Iloilo Province is very small in comparison with the authorized production in Manila; that whereas in Manila ice production is three times that or prewar, in Iloilo the ice production is still as in pre-war time, and that if his plant if authorized, he will install ice houses in barrios so as to make ice available to the public at all hours of the day. Natividad Ariaga testified that she is the owner of the ice plant installed in Rizal Street, La Paz, Iloilo, for which she has filed an application for a certificate; that the total cost of the plant would be about P208,000, and that she has a reserve capital of P58,000. She also testified as to real estate properties registered in her name.
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Under its certificate, the La Paz Ice Plant Co. is granted authority to install its ice plant in the municipality of La Paz, province of Iloilo, and to sell the produce of its plant 'in the said municipality of La Paz and adjoining municipalities'. These adjoining municipalities were the former municipalities of Jaro and Iloilo, Jaro, La Paz and Iloilo, together with the former municipalities of Manduriao, Molo and Arevalo, now constitute the City of Iloilo. Since it obtained its certificate, the La Paz Ice Plant Co. has asked and been granted authorization to increase the capacity of its plant until its authorized capacity was 50 tons daily, but said company has never asked for extension of its authorized territory of operation so that it may be assumed that the company, complying with the terms of its certificate, has limited its ice service to the three towns originally authorized to it. Even after the creation of the City of Iloilo the company did not seek to expand its authorized territory of operation so as to include the entire area covered by the new city. Granting, however, that the company may be considered as authorized to sell in the enture are of Iloilo City on account of the fact that its plant is located within the city, it Cano not be denied that the company has no authority whatsoever to sell the produce of its ice plant in any other town of Iloilo province outside of Iloilo City. The ice service in these other towns of Iloilo must necessarily be rendered by the other oppositor Elpidio Javellana who is authorized to sell in the entire province of Iloilo and whose authorized production is 30 tons daily. According to the official census, Iloilo Province had a population of 744,000 in 1939 as compared with the population of 860,000 in 1948, and Iloilo City alone had approximately 20,000 more inhabitants in 1948, than it had in 1939. There is no proof and our records do not show that an additional ice supply has been authorized in Iloilo City since liberation. We do not find it difficult to believe that with the La Paz Ice Plant Co.'s service being limited to the City of Iloilo, and the 30-ton produce of the Javellana plant being used partly in Iloilo City and partly for distribution in other Iloilo towns near the city, the people living inmost of the other towns of Iloilo province suffer from shortage, if not total lack of ice. The evidence, in our opinion, sufficiently establishes that the 80-ton daily produce of both oppositors — equivalent to 2,400 tons a month, assuming that both plants produce their full capacity every day — is inadequate and insufficient for the needs of the public in Iloilo considering the 1,800 to 2,000 tons of ice needed every month by fishing boats, the hundreds of business establisments consisting of restaurants, hotels, refreshment parlors, hospitals, ice cream parlors, ice cream makers, etc. in Iloilo City and the other towns of Iloilo province, as well as the ice demands of the general public. If ice is to be made available to the public of all the towns in Iloilo so that this public shall not continue to suffer from shortage or total want of ice, it is necessary to authorize an increase in the available supply. With a sufficient supply of ice the operator will be encouraged to spread its ice service over wider areas to the benefit of the public which is always willing to use ice if it is made available to them. Ice in sufficient quantities for the fishing industry benefits the public because where the ice supply is inadequate a high price must be paid for it with the result that only those species of fish which can command a high price at the place where it is sold is shipped, but when the ice supply is adequate and sufficient the cost of shipping the fish is considerably reduced and the fish shipped is sold to the ultimate consumer — the general public — at a much lower price. After a careful review of the entire record, it is our finding that the present 80-ton production of oppositors' plants in Iloilo is inadequate and insufficient for the ice requirements of the public and that public interests and convenience require that an additional supply of ice be authorized.
Esta decision esta firmada por los Comisionados de Utilidad Publica, Hons. Feliciano Ocampo, Gabriel P. Prieto y Quintin Paredes, Jr. Si posteriormente, a raiz de la mocion de reconsideracion, el ultimo cambio de opinion y voto porla revocacion de la decision en opinion disidente, no por esopierde su valor legal la decision sostenida por la mayoria. En tribunales colegiados, la opinion de la mayoria rige, nola disidencia. Este Tribunal no ha encontrado ningunarazon valida para adoptar la disidencia en sustitucionde las conclusiones de hecho adoptadas por la mayoria de la Comision. En varias ocasiones este Tribunal ha declaradoque cuando hay pruebas contradictorias y la Comision de Utilidades Publicas, despues de apreciar tales pruebas, llegaa una conclusion, esa conclusion debe respetarse y no debeser cambiada por la de este Tribunal (Ynchausti Steamship Co. contra El Comisionado de Utilidad Publica, 44 Jur. Fil., 383).
La doctrina de la decision en San Miguel Brewery contra Lapid, (53 Jur. Fil., 574) apoya la contencion de los recurridos; en ella se dijo:
En vista de este resultado, opinamos que la orden de la Comision concediendo el privilegio al solicitante Lapid, esta apoyadarazonablemente por las pruebas. Y siendo esto asi, no hay terminoshabiles para revocar la resolucion de la Comision, pues, como se dijoen el asunto de Dauner contra Unson (R. G. No. 28957), decididopor la Segunda Division, al revisar ordenes de esta clase, deberecordarse que esta Corte no esta llamada a examinar las pruebas de novo a determinar por si misma si o no la preponderancia depruebas justicia la orden dictada por el Tribunal inferior. Nuestrafuncion es determinar si o no hay pruebas delante de la Comisionen la que razonablemente pueda fundarse la conclusion de dicho Tribunal.
(c) La mocion de reconsideracion de La Paz Ice Plant & Cold Storage Co., Inc. se presento en 12 de abril. la Comision asevera que no quiso ver dicha mocion inmediatamenteporque Javellana pudiera presentar otra mociony en efecto presento la suya en 25 de abril. La Comisionno senalo a vista las dos mociones en mayo, porque erames de vacacion judicial, y ella no celebra sesiones enpleno durante dicho mes sino solamente para ver causasurgentes; por eso, senalo la vista para el 10 de junio. Lasdos mociones se vieron conjuntamente en dicho dia y, si nolas resolvio inmediatamente, fue porque las partes hanpedido diez dias de plazo, a contar del dia de la vista, parapresentar su respectivo memorandum. Mientras la Comision estaba estudiando el voluminoso record de las trescausas, ella recibio notificacion de que las tres causas estabanapeladas al Tribunal Supremo. Por tal apelacion, la Comision en 8 de julio declaro que ya perdio su jurisdicionsobre las mociones. El plazo desde el 21 de junio enque quedaban sometidas las mociones con los informes delas partes hasta el 26 del mismo mes en que la Comision recibio notificacion de la presentacion del certiorari, notranscurrieron mas que cuatro dias. Si la Comision noresolvio las mociones de reconsideracion despues de notificadade la apelacion, ello se debe a que este Tribunal en Mirasol Transportation Co. Inc. contra La Comision deUtilidades Publicas (VI Lawyers' Journal, 1062), dijo: "Esta repentina apelacion interpuesta por la apelante esla razon que se da por la Comision para justificar la faltade actuacion o resolucion de la segunda mocion de reconsideracion; alega que habiendo perdido ya su jurisdiccion, por la apelacion asi interpuesta, no se encontraba ya ensituacion de poder resolver la segunda mocion de reconsideracion. La explicacion la encontramos satisfactoria envista de que transcurriron escasamente dos dias desde quese presento la segunda mocion de reconsideracion hasta quese presento la apelacion interpuesta por la apelante. Aunqueel articulo 34 de la Ley No. 146 del Commonwealth provee que las mociones de reconsideracion deben resolverse prontamente, no creemos que el transcurso de dosdias signifique dilacion o infraccion de este precepto."
(d) Es otra cuestion de hecho. Mariano Cacho, segun declaracion jurada unida a su contestacion, ha comprado yade Elizalde & Co., Inc. un terreno en donde establecer lafabrica por P85,000, (Certificado de Transferencia de Titulo No. 1009, Oficina del Registrador de Titulos de Iloilo)y compro maquinarias por valor de P55,000, algunas delas cuales ya estan en Iloilo y otras en transito de los Estados Unidos de America a Filipinas en septiembre 8,1950. (Appendix B de la Contestacion de Mariano Cacho).
Natividad Ariaga ha gastado ya P150,000 en el establecimientode una planta de hielo que produce 5 toneladasal dia y dos camaras refrigeradoras, con tarifa hecha conarreglo a la orden de la Comision de 18 de abril de 1950, en la causa No. 46997, tarifa igual que la adoptada por elopositor Javellana. (Annex 2 de la Contestacion de Ariaga).
Juan Salvador en su contestacion jurada asegura queya tiene maquinarias y equipos para su planta de hielo.
No hay motivo para creer que estos tres solicitanteshayan jurado en falso.
¿Es justo que ellos sean castigados a la inaccion y quequeden obligados a revendor las maquinarias acaso a preciobajo? Estos capitalistas han hecho las compras en virtudde la decision dictada por la Comision de Utilidades Publicasy porque este Tribunal, no encontrando razon suficiente, no impidio la inmediata ejecucion de la sentencia, como solicitaba la recurrente. No es justo denegar lasolicitud de los tres solicitantes (hoy recurridos) solamentepara proteger el negocio de la recurrente que ya ha estadoexplotando la planta por bastante tiempo y que no podiaabastecer la cantidad de hielo que el publico de Iloilo necesitaba. La pesca en alta mar, industria que antes de laguerra estaba bajo el absoluto control de los japoneses yahora en manos filipinas, debe ser propulsada en vez decastigada: es venero de riqueza nacional que debe serfomentada a toda costa, especialmente hoy que el pescadoen conserva va desapareciendo del mercado por imperativosdel elevado impuesto de la exportacion del dinero.
La transportacion del pescado fresco de Iloilo a Manilay de un pueblo a otro de la Isla de Panay es un negocioque necesita tambien mucha cantidad de hielo.
Los antiguos operadores no deben imitar al perro delhortelano: deben dejar a los emprendedores que establez-cannuevas plantas de hielo para abastecer la necesidad yconveniencia publica, despues de todo el mercado de lossolicitantes no se reduce al territorio de la ciudad de Iloilo, sino a toda la extension de la provincia de Iloilo.
El pescado fresco es parte de la alimentacion del publico en general. Para servir satisfactoriamente la demandadel publico de la provincia de Iloilo, es necesario suministrarhielo a los barcos pesqueros y a los barcos mercantesque van de un lugar a otro para la venta del producto. El aumento, por tanto, de la produccion de hielo en 45 toneladas mas al dia, no solamente no perjudicara a larecurrente, sino que abrataria el precio del prescado frescoen todas partes de la provincia y aumentaria el abastecimientodel pescado fresco al mercado de Manila por barcosprocedentes de Iloilo.
No hemos hallado ningun abuso de discrecion de partede la Comision de Utilidades Publicas al dictar su decisionen pleno del 28 de marze de 1950 (Annex C), ni hemosencontrado abuso de discrecion en la mayoria de la Comisional dictar su orden de 8 de julio de 1950 (Annex E),ni hemos encontrado abuso de discrecion al denegar lamocion de reconsideracion de Javellana en su orden de 31 de junio de 1950 (Annex E-1).
En cuanto al alegado exceso de jurisdiccion, no le hayen cualquiera de las actuaciones de la Comision.
Solamente procede el remedio de certiorari cuando un tribunal, en el ejercicio de sus funciones judiciales, haya actuado sin jurisdicciono con exceso de ella o con grave abuso de discrecion y que, en la tramitacion ordinaria, no tiene el recurrente el remedio sencilloy expedito de apelacion. (Regla contra El Juez del Juzgado de Primera Instancia de Bataan, 44 Off. Gaz., 30); ni procede "parasubsanar errores de procedimiento o enmendar conclusiones de hechoo de derecho erroneas. (Ong Sit contra Piccio, etc. y otros, 44 Off. Gaz., 4915).
Por tanto, se deniegan las tres solicitudes con costas contra la recurrente.
Paras, Pres., Bengzon, Montemayor, Jugo y Bautista Angelo, MM., estan conformes.
Tuason, M., concurre en el resultado.
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